En un contexto global marcado por la incertidumbre geopolítica y la necesidad de asegurar suministros críticos, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) ha presentado el estudio «Los fabricantes de Tecnología Sanitaria en España». El evento, celebrado en la Fundación Ortega-Marañón, contó con la participación de figuras clave del Gobierno y líderes industriales para analizar el peso estratégico de un sector que no solo salva vidas, sino que actúa como un motor de innovación y empleo de alta cualificación para el país.
Los datos presentados por Pablo Crespo, secretario general de FENIN, y Carmen Aláez, adjunta a la Secretaría General, dibujan un sector robusto pero con retos significativos de viabilidad:
Uno de los puntos centrales de la jornada fue la Autonomía Estratégica Abierta. El Secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, destacó que la nueva Ley de Industria buscará crear ecosistemas que reduzcan la dependencia de mercados exteriores, especialmente de Asia, en componentes críticos como semiconductores y electrónica.
Desde el sector, se hizo un llamamiento urgente para transitar hacia una Compra Pública basada en Valor. Actualmente, la excesiva dependencia del factor precio en los concursos públicos dificulta que los fabricantes nacionales compitan con productos importados de bajo coste, a pesar de que la tecnología «Made in Spain» goza de un altísimo prestigio internacional.
La mesa redonda, moderada por Borja Polo (FENIN), reunió a tres empresas emblemáticas que ejemplifican la capacidad fabril del país:
Como referente nacional en diagnóstico por imagen desde 1947, Radiología S.A. es un ejemplo de la apuesta por la soberanía tecnológica. Con una plantilla de más de 700 profesionales y un departamento de I+D que integra al 18% de su equipo, demuestra que la ingeniería española cumple con los estándares europeos más exigentes.
El informe de FENIN no es solo un diagnóstico, sino una hoja de ruta. Para asegurar el futuro del sector, se requieren medidas urgentes: mayor apoyo fiscal a la innovación, simplificación de la burocracia regulatoria (especialmente en los nuevos reglamentos MDR/IVDR) y la creación de líneas de financiación similares a las de otros países europeos para modernizar las plantas productivas.
La tecnología sanitaria es un activo estratégico. Proteger a sus fabricantes es proteger la salud de todos los ciudadanos.
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